El intento de replicar a nivel estatal el combate al lavado de dinero, similar al que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, ha resultado un fracaso. A pesar de un costo de 26 millones de pesos en 2022, la mayoría financiada por el gobierno federal, los resultados han sido mínimos. En el año 2022, apenas se abrieron 74 carpetas de investigación a nivel estatal, de las cuales solamente 8 llegaron a juicio. Este bajo desempeño se evidenció en un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, que evaluó la eficacia de estas unidades estatales. Estas entidades, conocidas como Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), varían en tamaño desde tener un solo miembro (en Baja California Sur) hasta 15 (en la Ciudad de México). En términos de actividad, solo dos estados, Guanajuato y Querétaro, destacan con 42 y 30 carpetas de investigación respectivamente, de las cuales solo 8 llegaron a juicio. Otros estados, como Tlaxcala y Baja California, solo tienen 2 carpetas de investigación en asuntos de extinción de dominio. Entre los problemas identificados en la operación de estas unidades se encuentra el hecho de que solo seis estados tienen legislación armonizada con la Federación en el delito de lavado de dinero. Para el cierre de 2022, había un total de 33 unidades en todo el país, adscritas a diferentes entidades gubernamentales. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad concluye que después de una década de su creación, estas unidades no han producido resultados significativos debido a problemas en su diseño, implementación y evaluación. Se plantea que estas unidades duplican funciones y que establecer una red tan extensa ha resultado costoso e ineficaz. Se ha acusado que la UIF estatal en Nuevo León se ha utilizado como herramienta política por el gobierno de Samuel García contra sus opositores, y se han presentado más de 300 investigaciones contra políticos de oposición. En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León emitió una suspensión para detener las investigaciones y medidas tomadas por la UIF estatal contra estos políticos. Fuente: Reforma