La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha reportado que entre julio y agosto, 33 instituciones registradas en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) fueron víctimas de suplantación de identidad. Estos ataques de robo de identidad se dirigieron a 28 instituciones financieras, una entidad de Banca de Desarrollo, dos Sociedades Anónimas de Capital Variable, una Unión de Crédito y una Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional. Solo en el mes de julio, Condusef ha registrado 128 informes de instituciones financieras que sufrieron suplantación o uso indebido y no autorizado de su nombre comercial, denominación, logotipo y algunos datos fiscales o administrativos. En promedio, esto equivale a 23 instituciones suplantadas cada mes. Entre las instituciones afectadas se encuentran Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) como Alf Servicios Financieros México, Asociación Promujer de México, Creciendo Más, Finsostener y Eclipse Treinta. La Condusef ha aconsejado a las personas interesadas en obtener servicios financieros que estén atentas al modus operandi de los suplantadores. Estos suelen utilizar nombres comerciales, denominaciones sociales y logotipos de entidades financieras autorizadas y registradas, pero con modificaciones sutiles, como una letra o letras diferentes en el nombre o cambios en los colores y formas de los logotipos, para engañar. Estos delincuentes solicitan a sus víctimas que envíen información personal a través de WhatsApp o mensajes de texto. También pueden acceder a esta información mediante permisos de aplicaciones móviles, poniendo en peligro datos personales o sensibles. Además, estos estafadores solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósitos en cuentas bancarias a nombre de empresas o personas físicas distintas de la entidad financiera suplantada. Lo hacen bajo el pretexto de gestionar un crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos de apertura o como fianza, generalmente por un monto equivalente al 10 por ciento del préstamo solicitado, que puede variar desde mil hasta doscientos mil pesos. Cuando las víctimas realizan estos depósitos, generalmente en instituciones bancarias o corresponsales, no reciben el crédito y luego no pueden localizar a los estafadores. Esto lleva a que las víctimas descubran que han sido engañadas. Fuente: Milenio.