De acuerdo a Coparmex, las modificaciones a la ley para prevenir lavado dinero tendrán repercusión en la liquidez de las empresas por el hecho de que al tener cualquier sospecha, sean o no culpables, el gobierno va a congelar sus cuentas y no se contarán con recursos para el pago de nóminas o proveedores.
Además se encuentra el hecho de que estos procedimientos llevan mucho tiempo en resolverse, lo cual afecta aún más a las operaciones de las empresas.
Estas medias de fiscalización vendrían a ser más agresivas por lo que afectarían el desarrollo empresarial.
Representantes de este organismo, también argumentan que la reforma es muy cuestionable, porque no se ha establecido el procedimiento formal que se llevará a cabo para la notificación de un particular. Siendo los bancos los que congelan las cuentas y notifican al afectado y no el gobierno.
Bajo los cambios a esta ley, la UIF se encarga de analizar los datos a fin de detectar indicios ligados al lavado de dinero tanto de una persona moral o física. En caso de existir estos indicios, se ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitar a los bancos congelar las cuentas.