Los Ministros del Pleno se pronunciaron, con una mayoría de 6 votos, en contra del cobro anual de 30 mil pesos , realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas, SOFOM.
Desde 2012, la Comisión solicita esta cuota para cubrir los gastos generados por la fiscalización de los sistemas y equipos de las entidades financieras, realizada para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mayoría de los ministros argumentaron que esta cuota es inconstitucional, ya que la vigilancia de los sistemas financieros es responsabilidad del Estado.
"En realidad estamos en el ejercicio de una facultad que corresponde a un deber por parte del Estado, en relación con la inspección y vigilancia de actividades que pudieran generar algún problema relacionado con lavado de dinero o estos otros temas que pretenden evitar estas revisiones", detalló el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Cinco Ministros señalaron que el cobro de esta cuota debe ser constitucional, al tratarse de un servicio que beneficia tanto a las Entidades Financieras como a la sociedad en general
"Constituye un servicio de carácter público, susceptible de generar el cobro de un derecho como contraprestación, pues esas sociedades son las beneficiarias inmediatas de los servicios proporcionados", declaró la Ministra Olga Sánchez Cordero.
Los Ministros del Pleno emitieron esta resolución al resolver una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Sala de la Corte.
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