Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo, que en la primera edición del documento no se estableció, y es el relacionado con la operación de las empresas Fintech
Según el documento preliminar de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente se realiza un análisis de la prevalencia de los riesgos que plasmaron en la primera edición, donde se identificaron 26 riesgos que enfrenta el país en relación en el lavado de dinero.
"Actualmente se está realizando un análisis de la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detectan y que hasta la fecha tiene que ver con empresas conocidas como fintech", se puede leer en el documento de la UIF.
En el transcurso del 2019, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, ha reconocido en diversas ocasiones que el uso de activos virtuales, como el bitcoin, ha estado relacionado con posibles casos de lavado de dinero, por lo que la unidad a su cargo ya los investiga.
ACTUALIZAR RIESGOS
La evaluación Nacional de Riesgos es un ejercicio interinstitucional que permite a los países identificar, evaluar y entender los riesgos de PLD/FT.
Este documento, que se apega a la recomendación uno del GAFI, ayuda a los países que, con base en los resultados, se aplique un enfoque basado en riesgo para garantizar que las medidas implementadas para combatir el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo sean proporcionales a los riesgos del país.
Según la UIF, tener un diagnóstico como la ENR permitirá que se generen políticas públicas para proteger al sistema financiero y a la economía nacional, prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita: establecer una coordinación interinstitucional que permita el combate, la investigación y persecución de los delitos con recursos ilegales.
Así mismo, la ENR permite detectar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y bloqueo de los recursos para su financiamiento, con el fin de reintegrar en su caso, recursos a la hacienda pública para la promoción de programas sociales, educativos y de desarrollo económico.