Al año se estima que se blanquea en México cerca de 2.2 billones de pesos y para hacer frente a esta situación entró en vigor la ley antilavado el 17 de julio 2013.
Dicha regulación obliga a sujetos con actividades vulnerables a reportar cualquier transacción sospechosa bajo ciertos parámetros oficiales y controles, a fin de debilitar el brazo financiero de organizaciones ilegales y darles un golpe de precisión en el bolsillo.
Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director de Consultoría en Actividades Vulnerables y miembro de la Comisión de Lavado de Dinero del IMCP, hace ver que ya sea por desconocimiento o por falta de controles o por falta de los controles, a 5 años de su entrada en vigor, un 50% no cumple en su cabalidad con dichos rendimientos.
La falta de atención podría derivar en multas de hasta 844 mil 900 pesos por cada operación no reportada, por lo que el SAT puso en marcha el plan de autorregulación, que tuvo como fecha límite el 15 de agosto de este año para llevar a cabo la inscripción.
Así mismo se exige la identificación de beneficiarios finales para evitar operaciones con prestanombres. De igual forma se establece la necesidad de un auditor externo, que evalúe a los obligados a cumplir con la ley Antilavado.
Puntualmente se espera que las nuevas normas queden aprobadas en el último trimestre del año para entrar en vigor en 2020.