Con el fin de promover la paz y reducir los niveles de criminalidad, corrupción en el país, el gobierno federal por fin se dio cuenta de la importancia de prevenir y combatir el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, impulsando nuevas iniciativas y reformas de propuestas de reformas legales que actualmente se están analizando. En este concepto se hace indispensable una evaluación profunda de la forma en que el estado ha enfrentado la delincuencia y la corrupción, especialmente en lo que toca al crecimiento y evolución de operaciones de lavado de capitales en sus tres modalidades: narcotráfico, evasión fiscal y corrupción.
La convención de Palermo, de la cual México es parte, establece como obligación que para los miembros la creación de un sistema de ataque a la delincuencia organizada orientado a la disminución de su capacidad de actuación, mediante la incautación de activos, la creación de oficinas de inteligencia financieras, reportes de operaciones relevantes, clasificación de actividades vulnerables, proclives de lavado de dinero, conformación de listas Pep's, etc..
La mayoría de estos mecanismos se han implementado a través de la creación de la UIF de la SHCP y la Unidad Especializada en Prevención de Lavado de Dinero adscrita a la Procuraduría General de la República.
México salió mal evaluado por parte del GAFI, ya que sus estudios demuestran un alto grado de impunidad, lo cual refleja debilidad en el diseño institucional e ineficiencia de resultados.
Es por eso que se ha llegado a la conclusión de que los organismos institucionales requieren de una versión transversal que unifique criterios, garantice la coordinación, elimine la discrecionalidad, favorezca el trabajo de inteligencia y haga eficiente la impartición de justicia.
La nueva entidad creada por la Fiscalía General de la República atiende muchas de las observaciones formuladas por el GAFI y contribuirá al eficaz combate de lavado de dinero.