Elisa de Anda Madrazo, abogada mexicana de 42 años, ha asumido la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Desde su nombramiento el 1 de julio, De Anda ha centrado sus esfuerzos en promover la inclusión en este sector y apoyar a países con capacidades limitadas para implementar las normas del GAFI, según comentó en una entrevista con Americas Quarterly. El GAFI, creado por el G7 en 1989, ha ampliado su mandato para abordar también la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Aunque más de 200 países y jurisdicciones siguen sus normas, solo 40 son miembros plenos, principalmente naciones de renta alta. Los principales desafíos del GAFI incluyen la mejora de las medidas en países de renta baja, que suelen estar en las listas “grises” o “negras”, como Venezuela, Haití, Irán, Corea del Norte y Myanmar. El lavado de dinero sigue siendo un problema global de gran magnitud. En 2023, se reportaron más de 3.1 billones de dólares en fondos ilícitos que circularon por el sistema financiero global, destacándose escándalos como la multa de 3,000 millones de dólares al TD Bank y casos como la operación Car Wash en Brasil y los Panama Papers. En América Latina, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha identificado amenazas como delitos fiscales, corrupción y tráfico ilícito. De Anda ha subrayado la importancia de abordar el crimen organizado transnacional y la regulación de activos virtuales. Sin embargo, algunos críticos señalan que las recomendaciones del GAFI pueden ser difíciles de implementar en países de bajos ingresos. De Anda ha insistido en que es vital que todos los países, independientemente de sus recursos, trabajen juntos para combatir estos delitos. Bajo su liderazgo, el GAFI planea guiar a las jurisdicciones con menos recursos y asegurar su participación en la elaboración de normas. En los próximos años, el GAFI iniciará una nueva ronda de evaluaciones que incluirá a México y Cuba, y publicará un informe en 2025 sobre la financiación del terrorismo, la proliferación de armas y el fraude cibernético, que representa un creciente desafío, especialmente en el contexto de los activos virtuales. De Anda destacó el compromiso del sector privado en América Latina como una fortaleza clave para facilitar la coordinación entre gobiernos y la aplicación de acciones contra estos delitos. Fuente: Infobae