México está trabajando a marchas forzadas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención y detección de recursos ilícitos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El país se prepara para la quinta ronda de evaluación del GAFI en junio de 2025, cuando recibirá un cuestionario para evaluar los avances en la implementación efectiva de la regulación antilavado. El GAFI, creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7), establece normas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aunque el sistema financiero mexicano cumple con las normativas de prevención y detección de lavado de dinero, la regulación de las actividades consideradas vulnerables ha sido un desafío. Por ello, la UIF busca reactivar un proyecto de dictamen que quedó pendiente en el Senado para reformar la ley antilavado, lo que permitiría una implementación más eficiente de las recomendaciones del GAFI. El área de coordinación con el GAFI de la UIF destacó la urgencia de avanzar con esta reforma, que ha enfrentado retrasos significativos desde 2019. De haberse aprobado en ese momento, México ya tendría una implementación adecuada de las normativas actualizadas. Sin embargo, la falta de esta reforma ha impedido un mayor avance en la efectividad de las medidas implementadas. El GAFI ha otorgado a México una calificación media desde 2017, lo que llevó al país a un seguimiento intensificado. Si bien la evaluación fue favorable en términos de cumplimiento técnico, no se registraron progresos significativos en la efectividad de las medidas. Esta es una de las principales áreas de enfoque de la próxima evaluación. En la quinta evaluación, México deberá demostrar la efectividad de su regulación antilavado. Para ello, la UIF deberá presentar información sobre cuántos casos ha remitido a la fiscalía, cuántas investigaciones se han abierto, cuántos casos han sido judicializados y cuántas sentencias se han obtenido. Las actividades vulnerables que requieren regulación incluyen juegos de apuesta, tarjetas prepagadas, operaciones con activos virtuales, comercialización de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, entre otras. Fuente: La Jornada