Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países a nivel global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito son los recursos destinados a las autoridades cibernéticas. Según Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Norteamérica se estima que el 60 por ciento de los delitos tienen relación con el mundo cibernético, pero solo el uno por ciento del presupuesto policial se destina a crímenes cibernéticos. “Las autoridades deben abocar más recursos a este tipo de delitos porque siguen en una estructura tradicional de seguridad en las calles cuando la seguridad debe abarcar otros componentes en la era digital”, dijo en entrevista. En México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tuvo un presupuesto de 105,838.7 millones de pesos este año, de los cuales solo el 0.3 por ciento fue para la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contó con 195.1 millones de pesos. De Anda comentó que los delincuentes se han especializado más en el uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA), que les permite realizar ataques masivos a empresas y también a escalas más pequeñas. “En 2023, una de cada tres casas estadounidenses tiene una computadora infectada con software malicioso. Además, el 47 por ciento de los adultos americanos han tenido su información personal expuesta y cada día hay hackeo de 600,000 cuentas. Es muy difícil proteger a la ciudadanía y a los individuos en espacios como el hogar, la escuela o el trabajo”. La abogada por la Universidad Iberoamericana, con Maestría en Administración Pública por la Escuela Harvard Kennedy, mencionó que el 20 por ciento de los delitos detectados están relacionados con tipologías donde “se explota la soledad de las personas para obtener información o hacer engaños para tener beneficios económicos”. También se explota la necesidad de las personas prometiendo mayores rendimientos en ciertas inversiones para obtener una buena pensión, vacaciones o planes educativos. “Es preocupante que muchos de estos fraudes no son reportados a las autoridades, porque es difícil para una persona reconocer que cayó en un fraude amoroso o en una estafa, donde mayormente son personas de la tercera edad”. Recomendaciones y Medidas Registro Público Para ciberdelitos de mayor escala, que pueden involucrar a empresas o al crimen organizado, GAFI propone que cada nación tenga un registro público con información accionaria y estructuras legales. “Estos registros permitirán a las autoridades de investigación saber quién está detrás de estas estructuras jurídicas. Si se logra que todos los países tengan este registro, será un cambio fundamental para combatir el lavado de dinero, permitiendo conectar estos registros y que se intercambie información a nivel internacional”. Una vez identificados los recursos, se podrán rastrear, congelar y repatriar, eventualmente regresándolos a las víctimas o a los Estados en casos de corrupción o evasión fiscal. Este registro público debe ser manejado por el Estado, actualizarse cada seis meses y ser de fácil acceso tanto para las autoridades de justicia como para las autoridades de otros países que soliciten cooperación internacional. Criptomonedas y Activos Virtuales Sobre el uso de activos virtuales como las criptomonedas para el lavado de dinero o financiamiento ilícito, De Anda mencionó que en 2018 y 2019 se emitieron nuevos estándares para regular a los intermediarios financieros, obligándolos a brindar reportes sobre posibles transferencias de servicios de activos virtuales. En México, estos proveedores deben registrarse y emitir reportes a la UIF cuando se superan ciertos umbrales establecidos por la ley y cuando detectan conductas inusuales. Además de reportar, deben identificar a todos sus clientes y, en las transferencias virtuales, incluir la información del remitente, el beneficiario y el monto de la transferencia. “Es una regulación muy similar a la de las transferencias electrónicas”. Estos proveedores de servicios de activos virtuales están sujetos a las reglas de prevención de lavado de dinero tanto en México como a nivel mundial y deben enviar reportes a las unidades de inteligencia financiera. Fuente: El Sol de México